Desde la alianza política que lidera Carlos Mesa, no aceptan
que el Gobierno de transición tome decisiones referidas al tema ambiental. La
CAO defiende el uso de las nuevas semillas, pero el Gobierno advierte que esto
está en análisis. Ambientalistas tienen su propia propuesta
Alvaro Rosales Melgar
Un nuevo tinte se suma al
reciente anuncio de introducción de nuevos cultivos transgénicos para Bolivia y
que fueron aprobados por el Gobierno de Jeanine Áñez. Voces en contra y a favor
se proyectan en un nuevo escenario de debate. La alianza política Comunidad
Ciudadana (CC), que estará en la pugna de las elecciones presidenciales, es un
nuevo grupo que se suma a esta conversación que muestra diferentes matices.
Desde la alianza, liderada por
Carlos Mesa, no aceptan que el Gobierno de transición tome decisiones referidas
al tema ambiental por la complejidad política y sensibilidad social existente
(no fue socializado), a tiempo de señalar que esta iniciativa no resolverá en
el corto plazo el problema de alimentación de la población afectada por la
cuarentena.
Si bien hay variedades de cultivo
que son óptimas, hay otras que pueden tener impactos negativos en la salud
humana y en el medioambiente, además de mostrar rendimientos de campo
discutibles, según la lectura científica de CC.
Del mismo modo, rechazan el
paquete tecnológico con el que vienen incluidas las semillas anunciadas
(agroquímicos y modelos de producción) y ven que debe prevalecer el principio
de bioseguridad en todo actuar estatal.
Sin embargo, desde otro frente,
como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), consideran que el acceso a la
biotecnología a través de los cultivos de soya, maíz, trigo y algodón es
indispensable para dar seguridad alimentaria e impulsar a la economía del país
(golpeada por la emergencia sanitaria).
A través de un decreto supremo,
el Poder Ejecutivo dio vía libre al Comité de Bioseguridad para establecer
procedimientos abreviados. Los productores destacan la medida, pero los efectos
se verán en el mediano plazo
Desde la CAO lamentan que ante
la baja productividad se pierde participación en el mercado interno y, por
consiguiente, se arriesgan miles de empleos ante la desigualdad que se genera
con otros mercados donde existe el uso de tecnología.
Asimismo, los productores
resaltan que, con la inserción de biotecnología se puede obtener mayor
productividad en la misma área cultivada y se opta por un menor uso de
agroquímicos y otros insumos para la eliminación de plagas (porque las semillas
modificadas son más fuertes y resistentes). Además, se proyecta un menor uso de
agua al reducir la cantidad de aplicaciones y una menor erosión del suelo ante
el cambio del arado por la siembra directa.
Del mismo modo, el sector
productivo perfila que, con esta iniciativa y la luz verde del Gobierno, se
generarán mayores ingresos para lo pequeños productores y estos cuentan con más
seguridad para trabajar debido a que no serán engañados en la venta de
agroquímicos dañinos para la salud, ya que no son necesarios para controlar a
las semillas (no se ven afectadas por las plagas).
El criterio del expresidente Evo
Morales también se suma a las posturas sobre el tema. Vía Twitter, la
exautoridad atacó al Gobierno de Jeanine Áñez al señalar que su administración
tenía la tarea de convocar a elecciones y no adoptar "ilegales
decisiones" que comprometen al consumo humano.
Por su parte, el nuevo ministro
de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, apuntó que todavía no hay una
autorización de una variedad de semilla específica (eventos) y que el tema está
en fase de autorización para desarrollar, a través de un procedimiento
abreviado, el proceso de análisis y estudio que llevaría a las autorizaciones
de cada semilla mencionada en el Decreto Supremo 4232.
Los ciudadanos y ambientalistas
también hicieron visible su postura al respecto en la Segunda Asamblea Urgente
por los Bosques de Bolivia, al advertir que estas acciones pueden traer una
"catástrofe ambiental por megaincendios en tiempos de crisis sanitaria,
crisis alimentaria, socioeconómica y climática".
En esta reunión resolvieron
instar al Gobierno a anular el paquete anunciado y recordaron que existe una
ley departamental que declara 'Pausa ambiental para conservar el patrimonio
natural de Santa Cruz', promulgada en septiembre de 2019, la cual establece la
inmovilización de tierras en las zonas afectadas de la Chiquitania por los
incendios.
Como contrapropuesta, los
ambientalistas sugieren impulsar un nuevo modelo de desarrollo sostenible y
sustentable, que incluya la generación de una nueva política productiva
nacional que fortalezca la agroecología, la producción nacional campesina y a
los pequeños productores; respetando el marco normativo que otorga derechos a
la naturaleza y que no viole derechos humanos ni derechos colectivos.
Además, ven la necesidad de
conformar un Comité Ambiental independiente del Estado compuesto por expertos,
activistas, sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos, así como la
generación urgente de bancos de semillas nativas.
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