La presión fiscal crece y afecta capital de inversión

DINERO

La presión fiscal crece y afecta capital de inversión   

Control. Los ingresos fiscales sobre el PIB crecieron un 2,1% en 2013, el mayor de la región. Observan un menor control en el 80% de los informales

GARY ROJAS JORDÁN

grojas@eldeber.com.bo 

09/06/2015
El aparato estatal se engrana con dinero. Es así que los ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2013 -el último dato público- crecieron un 2,1%, teniendo Bolivia el mayor incremento entre 20 países evaluados de América Latina y El Caribe. 

A este dato se lo conoce como presión tributaria y, de acuerdo al informe Estadísticas Tributarias y del Caribe elaborado por la Cepal y el CIAT, entre el periodo 1990 a 2013, el país registró el mayor aumento porcentual en la región, con un 20,6%.

Además, el SIN confirmó en su informe de abril el incremento de sus recaudaciones en un 5%, sin incluir los ingresos por el IDH que descendieron un 16%. 

Sin embargo, esta cifra es preocupante sobre todo para el sector privado en el país ya que afecta principalmente el capital de inversión de las 152.490 compañías y asociaciones (un 21% de las 719.000 unidades productivas que cuantificó el INE en 2012) que tienen registro en Fundempresa y que operan formalmente en el mercado. 

De acuerdo a dirigentes de tres sectores, tres empresarios y cuatro economistas, los ‘controles sorpresa’ del SIN son más frecuentes, existe una revisión minuciosa de “decimales, firmas y fechas”, un interés continuo de recaudar más dinero por sanciones que por los impuestos en sí y hay una diversificación de los sectores controlados que incluso alcanza a colegios, cooperativas y hogares de niños. 

Las multas y el personal
El Cine Center de Cochabamba, por ejemplo, fue clausurado recientemente con seis días de cierre y reestableció sus operaciones pagando $us 40.000 por una omisión de $us 4.000 al SIN debido a la emisión incompleta de una factura a nombre de un inquilino que hizo una operación y realizó el pago a un banco y no en la caja del cine. 

Jordi Chaparro, presidente ejecutivo de Grentidem, el grupo propietario de la cadena de cines, asegura que la presión de Graco en esta región es ‘denodada’ e incluso buscan cualquier excusa para incrementar sus sanciones. Indicó que cada año emiten más de 1,5 millones de boletos en cada sucursal, donde incluyen el pago del IVA e IT, dedican un 41% de sus utilidades para el pago del IUE y RC IVA y que en 12 años de operación en el país es la primera vez que reciben una sanción “sin justificación lógica”. 

Por su parte, Eduardo Bracamonte, gerente general de Exportadores Bolivianos (EB), la mayor fábrica y exportadora de joyas en oro y plata del país, confirmó el excesivo control a las empresas formales de parte del SIN y que obliga a que diversas compañías contraten de dos a cuatro personas especializadas para que atiendan las auditorías, el descargo impositivo y que ponga al día la tramitología ante el SIN.

Bracamonte fue claro: “el Gobierno necesita dinero para hacer política y propaganda. Con un menor ingreso por las exportaciones de hidrocarburos la tendencia será subir la presión”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Herman López, confirmó el incremento del control tributario en esta región sobre todo en los últimos meses y lanzó una cifra de la informalidad. En Santa Cruz hay 170 establecimientos que cumplen con las exigencias de la ley y más de 100 que tienen documentación incompleta u operan en la informalidad. 

López dijo que el sector está preocupado porque de acuerdo con la Ley de Fomento al Turismo, los municipios deben otorgar un 50% de descuento al impuesto de bienes inmuebles a los centros dedicados al hospedaje turístico. El directivo dijo que el plazo se vence este año y “sienten que no existe buena disposición para continuar”. 

A este sector se suma el de los empresarios gastronómicos que, según el presidente de la Confederación Nacional, Juan Carlos Medina, muchos de sus asociados tributan al SIN en el régimen general (con capital superior a Bs 37.000) pese a que no reciben descargos por la compra de insumos y permanentemente están sujetos a multas cuando no emiten facturas hasta por un plato de comida. 

Dependencia de industrias

Armando Méndez, expresidente del BCB, observó que si se suman las regalías de hidrocarburos y minería, la presión fiscal en el país alcanzaría un 34%, siendo un número alto considerando que en 2005 llegaba a un 25%. 

El economista aseveró que con este incremento se constituyen en un incentivo a la informalidad debido a que el sector privado dispone de un menor nivel de ingresos para destinarlos al consumo. Agregó que un 41% de los gastos del Gobierno, sin considerar las empresas públicas, son egresos de capital y un 26% de servicios personales. 

Por su parte, el economista Carlos Hugo Barbery explicó que tal vez no existe un control exagerado de parte del SIN sino más bien la crítica surge porque no se controla a todos con la misma rigurosidad, específicamente a la masa informal concentrada en los sectores gremiales. 

Barbery citó la teoría de la “curva de Laffer”, de Arthur Laffer, indicando que en toda región se debe buscar el punto óptimo entre los tipos impositivos y el nivel de recaudación, ya que cuando la primera categoría es elevada (en monto y en control), se podrían ocasionar menores niveles de recaudación porque el formal tendría la tentación de no aportar al Estado. 

Sobre el mismo tema, Roberto Laserna, economista y doctor en planificación urbana, sostiene que la presión fiscal que tienen las empresas formales es considerablemente alta y eso explica el bajo crecimiento y las dificultades que tienen estas para ampliar sus capacidades productivas, de inversión y de mercados. 

Observó un procedimiento al SIN. Para reportar las compras y ventas se deben introducir 70 y 80 dígitos por transacción, aumentando esto el margen de error al llenarlo. Sin embargo, si se detecta uno el SIN presumirá mala fe de parte del contribuyente y será pasible a una multa.

Sobre el tema, desde el Ministerio de Economía aseveran en su memoria institucional que debido a un incremento de los gastos de capital y por los gastos no previstos como el Plan Patujú y el pago para la recuperación de ‘empresas estratégicas’, en 2014 se registró un déficit fiscal saludable de un 3,4% del PIB. Se envió un cuestionario al SIN, sin embargo hasta el cierre de edición no respondieron