LA CUARTA
PÁGINA
La corrupción y el mérito
El descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio
de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas. Construir una
administración profesional, austera y eficiente es difícil, pero no imposible
El espectáculo ahora por fin visible de
la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro
proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y
al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro
de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los
partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el
control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones.
Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un
funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo
a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura
la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses:
frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el
gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada
voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para
corregirlos.
Está bien que por fin los jueces cumplan
con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero
un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la
decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que
la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y
la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede
confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El
puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la
corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia,
por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar.
Lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un
fortalecimiento de la función pública y un cambio de actitudes culturales muy
arraigadas y muy dañinas, que empapan por igual casi todos los ámbitos de
nuestra vida colectiva.
El vuelco administrativo implica poner
fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los
procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de
integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un
político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son
los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su
trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada
su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por
obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la
democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los
controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio
de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el
desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una
pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica
solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que
no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la
racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios
profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.
El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento de la capacidad personal
En cada ámbito de la administración se
han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios
de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores
más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más
autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de
medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital;
directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con
nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las
funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la
incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden
natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos
servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia
admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos,
profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos,
interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.
Que toda esa gente, contra viento y
marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor.
Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea
difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de
la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas
inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales
que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.
El cambio, el vuelco principal, es la
exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la
que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser
sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y
de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades
individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el
deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio
público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más
mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el
mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías
de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los
pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia
de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y
ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de
todas, que es una buena educación pública.
Nadie se ha beneficiado más del rechazo
del mérito y de la falta de una administración basada en él que esa morralla
innumerable que compone la parte más mediocre y parasitaria de la clase
política, el esperpento infame de los grandes corruptos y el hormiguero de los
arrimados, los colocados, los asesores, los asistentes, los chivatos, los
expertos en nada, los titulares de cargos con denominaciones gaseosas, los
emboscados en gabinetes superfluos o directamente imaginarios. Unos serán
cómplices de la corrupción y otros no, pero todos contribuyen a la atmósfera que
la hace posible y debilitan con su parasitismo el vigor de una administración
cada vez más pobre en recursos materiales y legales y por lo tanto más incapaz
de cumplir con sus obligaciones y de prevenir y atajar los abusos. Una cultura
civil muy degradada ha fomentado durante demasiado tiempo en España el
ejercicio del poder político sin responsabilidad y la reverencia ante el brillo
sin mérito. Caudillos demagogos y corruptos han seguido gobernando con mayorías
absolutas; gente zafia y gritona que cobra por exhibir sus miserias privadas
disfruta del estrellato de la televisión; ladrones notorios se convierten en
héroes o mártires con solo agitar una bandera.
Esta es una época muy propicia a la búsqueda de chivos
expiatorios y soluciones inmediatas, espectaculares y tajantes —es decir,
milagrosas—, pero lo muy arraigado y lo muy extendido solo puede arreglarse con
una ardua determinación, con racionalidad y constancia, con las herramientas
que menos se han usado hasta ahora en nuestra vida pública: un gran acuerdo
político para despolitizar la administración y hacerla de verdad profesional y
eficiente, garantizando el acceso a ella por criterios objetivos de mérito; y
otro acuerdo más general y más difuso, pero igual de necesario, para alentar el
mérito en vez de entorpecerlo, para apreciarlo y celebrarlo allá donde se
produzca, en cualquiera de sus formas variadas, el mérito que sostiene la
plenitud vital de quien lo posee y lo ejerce y al mismo tiempo mejora
modestamente el mundo, el espacio público y común de la ciudadanía democrática.
Ante lo expuesto en la lectura, en primera instancia es necesario definir que Bolivia está dentro de esas sociedades que tienen intrincada una Burocracia y corrupción de características dañinas, y que sobre todo posee un aparato judicial altamente ineficiente, que solamente parece funcionar con celeridad cuando se trata de enemigos políticos del actual gobierno. Además, es cierto que existen funcionarios públicos (no todos) que dirigen una institución de la que poco o nada conocen, y son sólo recomendados políticos (por supuesto ello también es uno de los efectos secundarios que tienen medidas como poner el techo salarial en el ingreso del Presidente, lo que provoca la llamada "fuga de cerebros"). Según mi parecer, esa clase de servidores públicos acreditan medidas que tienen altos costos y escasos beneficios, por ejemplo el famoso Satélite Tupak Katari; también son un factor explicativo de la desconfianza interpersonal e institucional que incrementa en nuestro país, es decir, deriva en la mediocre institucionalidad existente. A diferencia de la recomendación de la lectura, para mí es muy difícil creer en la solución de un gran acuerdo político, dado que, en alguna medida siempre el poder político corrompe. Me resulta más creíble que la manera más eficaz (considerando que se necesita mucho tiempo para lograrlo) para romper las raíces de los males políticos sería necesario que la sociedad sea mucho más estudiada (tengan más capacidad crítica) y se puedan tomar decisiones más óptimas.
ResponderEliminarEntre las más grandes falencias por las que tropiezan gran parte de los estados, principalmente latinos, es la débil estructura administrativa y de gestión pública, misma que -en la mayoría de los casos y así como se afirma en el presente artículo- responden a posiciones políticas (el cuoteo de puestos) que van en desmedro de la nación.
ResponderEliminarEl centralismo de poder que realiza el actual gobierno nacional, es a mi parecer un gran obstáculo al momento de desempeñar las funciones publicas (ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales) a plenitud y sin el temor a ser despedido por no apoyar el ideal politico del partdo. Si bien el desempeño del sector público ha mejorado con relación a gobiernos pasados, eso no significa que no se pueda realizar mejor las funciones públicas.
ResponderEliminarA mi parecer, una solución mas factible seria realizar convocatorias abiertas, de conocimiento a toda la poblacion. Para ocupar los cargos mas importantes en las instituciones publicas, los mismos serian elegidos antes de la posesión del presidente y las distintas autoridades electas.
Las economías del mundo y su componente que es la sociedad se halla en constante cambio y evolución, especialmente la sociedad boliviana no ha quedado al margen de esa realidad que vendría a ser la corrupción ya que nuestras instituciones formales son frágiles. Aunque el Estado plurinacional sea un sistema democrático es reconocido desde la primera constitución como la forma de gobierno que adopta el Estado Boliviano, sin embargo la Historia nacional nos informa de un denominador común, la corrupción. Nuestra sociedad en general adolece de un alto grado de corrupción, sobre todo en las esferas del poder, estableciéndose en aspectos Políticos, Empleados Públicos, Policía, Jueces.
ResponderEliminarla corrupción es un tema de nunca acabar, la diferencia es que unos países son menos corrupto que otros, en Bolivia se habla que los niveles de corrupción disminuyeron, pero como se puede habla de una disminución el la corrupción si el gobierno utilizo las leyes a su favor, esto se demuestra por que en las ultimas elecciones el MAS se postulo como candidato
ResponderEliminarLa corrupcion esta y sera parte de nosotros hasta que la sociedad lo vea como un malestar comun y no una accion que resulta beneficiosa para uno mismo; pero el caso de los funcionarios publicos se debe cambiar ya que crea un cierto malestar a la hora de realizar cualquier tramite o pregunta; ya que su conocimiento sobre el tema es muy limitado lo que lleva a una baja eficiencia en las entidades publicas donde se ve reflejado tal trabajador.
ResponderEliminarComo ya lo mencionaron antes, es un tema que no tiene final, y al menos en nuestra sociedad, que tiende a ver como una parte lucrativa en nuestro sistema, por eso la gente hace lo imposible para optar cargos públicos, como policía, abogacía, magisterio, fuerzas armadas y demás lugares, donde las personas ya no optan por vocación, sino solo el simple hecho de tener un sueldo seguro.
ResponderEliminarCambiar todo este entorno parece ser un tema que nunca llegará a perpetrarse, ya que parece que en la mentalidad de la población esta arraigado estos hechos de corrupción, como el saber cuanto es una coima, que día ir para que toque algún pariente o un amigo para pedirle "un favorcito".
como una vez escuche mencionar al Lic. Fernando Untoja, la sociedad boliviana esa en un estado feudal donde todo se basa en la pertenencia, que todos por tener algún conocido tienen como el derecho a que sus necesidades sean atendidas con un favoritismo, sólo cuando exista un cambio de mentalidad todos podremos jalar hacia un país mas eficiente y menos corrupto.
Está bien que por fin los jueces cumplan con su tarea, y que los culpables reciban el castigo previsto por la ley. Pero un juez es como un cirujano, que intenta remediar algo del daño ya hecho: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, en la misma medida en que la salud pública no depende de los cirujanos. Los ánimos están muy cargados, y la gente exige, con razón, una justicia rápida y visible, pero no se puede confundir el castigo del delito con la solución, aunque forme parte de ella. El puesto de un corrupto encarcelado lo puede ocupar otro. El daño que causa la corrupción puede no ser más grave que el desatado por la masiva incompetencia, por el capricho de los iluminados o los trastornados por el vértigo de mandar.
ResponderEliminarLa teorìa nos da muchas pautas para actuar, pero nunca considera la situación institucional de las entidades públicas, además de eso aquellas barreras en cuanto a la falta de valores que existe actualmente y pueden ser una de las filtraciones más significativas con las que tiene que luchar las autoridades.
ResponderEliminarDe la población economicamente activa actualmente casi un 40% debe estar dentro de alguna institución pública, muchas de estas personas desde mi punto de vista perdieron el objetivo de sus profesiones y se dejaron seducir por algun poder con el que cuentan. Además de eso la situación de un país en donde las empresas no son varias y es el gobierno quien va creando más fuentes de trabajo explica las causas de esos problemas.
Esta nota describe exactamente como cualquier persona de a pie tiene la imagen de los servidores públicos y es porque esa burocracia creciente en todas las instituciones tiene cansados a todos y como dice la frase, si no puedes contra ellos unetelos..
Sin considerar que la sociedad actual no cuenta con muchas opciones laborales y debe tratar de permanecer el tiempo que pueda, eso claramente implica regirte a tu jefe.